El Laboratorio de Saberes tuvo su segunda mañana el 11 de julio. El ciclo que el IRICE-CONICET-UNR organiza junto a Universidad Liberté dedicó dos horas y cincuenta y dos minutos a dos justicias que se nombran juntas y no son lo mismo: la justicia restaurativa y la justicia terapéutica.
Abrieron Miguel Ángel M. y Claudia Perlo, investigadora del CONICET en el IRICE. Antes de empezar, Perlo leyó apreciaciones del encuentro anterior: de las cuarenta y siete personas que respondieron la encuesta, eligió las de una persona en situación de cárcel, las de personas en el medio libre y las del personal penitenciario. Una de ellas se define como estudiante. Otra, egresada de Liberté, aclara que no son ex convictos.
Desde Colombia, Luis Alberto Triana Llano presentó a quienes iban a conversar y leyó el texto que abría la ronda: la mirada hegemónica nos hizo creer que el dolor de unos merece el castigo de otros, y que castigar no inflige dolor en ambos.
Cinco especialistas, dos países
Diana Esther Márquez, abogada y mediadora, secretaria del Consejo de Administración de Liberté. María Jimena Monsalve, jueza nacional de ejecución penal. Silvana Greco, que dirige el posgrado de Negociación y Resolución de Conflictos en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Gabriel Fava, que desarrolló el Programa de Abordajes Restaurativos del Ministerio Público de la Defensa porteño. Y desde Brasil, Célia Passos, doctora en Psicología Social, consultora del Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio), del gobierno de Ceará y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Dos justicias que no son la misma
La distinción ocupó buena parte de la mañana. Passos la trazó con precisión: la restaurativa cuida el daño y reconstruye vínculos; la terapéutica busca que las intervenciones de las instituciones judiciales favorezcan la recuperación y la integración social. Monsalve agregó que la terapéutica va a buscar la causa que está debajo del conflicto, y que para eso la ley deja intersticios abiertos que casi nadie usa.
La participación no se aprende por declararse: se aprende participando. Lo propio de lo restaurativo es poder ser convocado en condiciones que no suelen estar.
Fava llevó la conversación a la seguridad como un bien que se compra y se vende, y a una fragmentación de fondo que termina en que nadie se hace responsable de nada. Márquez cerró esa ronda con una advertencia: si la justicia restaurativa se despolitiza, se vacía.
Las voces del encuentro
Le pedimos a cada una que volviera sobre lo que dijo esa mañana.
Al cerrar aquella ronda, Márquez había dejado una advertencia: si la justicia restaurativa se despolitiza, se vacía. Le pedimos que la desarrollara.
Se despolitiza cuando se la vende como herramienta de gestión —sirve para descongestionar, para acortar plazos—, y ahí ya perdió: si el mérito es que el juzgado trabaje menos, el día que aparezca un método más rápido nos reemplazan. Se despolitiza cuando se la reduce a la escena de dos personas, que conmueve y sale la foto, mientras no cambia ni el barrio, ni la escuela que expulsó, ni la cárcel que devuelve gente peor de como entró. Y sobre todo cuando se la traduce a lenguaje clínico: esta persona tiene que sanar, aquella gestionar su trauma. Si todo es salud individual, el Estado y la comunidad quedamos afuera de la responsabilidad.
Después abre una pregunta que deja sin responder.
Y hay algo que me hace ruido y lo dejo planteado, porque no lo tengo resuelto: cuando la justicia restaurativa entra en las leyes, ¿se vuelve más efectiva o menos? ¿Se politiza o se despolitiza? Peleamos por esas leyes y las necesitamos, pero también sabemos cómo funciona el sistema: te agarra, te incorpora, y lo que devuelve no siempre es mejor que lo que entró.
Y cierra.
Restituir la dignidad y reparar los vínculos es personal y es político al mismo tiempo; no se puede elegir una mitad. Sin la mitad política queda una técnica amable con la que nadie se pelea, y una justicia con la que nadie se pelea es una justicia que no le devolvió nada a nadie.
La mañana había dejado además otra línea: Monsalve puso el foco en quienes operan el sistema, del juzgado al pabellón, y en cuánto pueden modificar el bienestar de la persona que tienen enfrente.
A Greco le preguntamos cuál es, adentro de una unidad penal, la primera de esas condiciones que casi nunca están dadas: la que si falta hace que todo lo demás no se sostenga. Empezó por ahí.
Implica el ofrecimiento de un espacio de escucha sin censura, sin que ningún saber —jurídico, religioso o disciplinar— colonice la escucha ni la palabra. Requiere de una función facilitadora para que quien participa ejercite la capacidad narrativa propia a través de la recuperación de la propia voz, de la escucha de sí y de la de los otros, para comprender lo que vivieron en situaciones de violencia y daño a las personas y las relaciones.
Y marca dónde ocurre lo restaurativo, que no es en la lista de compromisos que se firman al final.
Lo restaurativo se produce tanto por participar en el proceso como por la decisión que resulta de ese «hacer juntos»; ocurre en un plano simbólico relacional, y no tiene una correspondencia única con las prestaciones que se comprometen en los acuerdos. La reparación, el perdón o la reconciliación son parte de una restauración, pero ésta los trasciende.
Sobre el acceso a derechos hace una distinción: una cosa es el acceso a derechos y otra «el derecho humano a restaurar y ser restaurado». No es posible pedirle a alguien que responda por el daño hecho a otro y restaure «cuando en su vida solo ha experimentado carencias, ausencia de cuidados básicos, violencia y punición». Los estándares de derechos humanos establecen que, cuando se trata de personas que vienen padeciendo graves violaciones a los derechos humanos, primero hay que remover los obstáculos y cumplir con las obligaciones de las instituciones y del Estado, que deben corresponsabilizarse, «para recién entonces pedir la responsabilización individual».
Y por qué esto pesa especialmente adentro de la cárcel.
El sistema penal —como sostiene Rita Segato— y en su máxima expresión la cárcel, utiliza una noción de responsabilidad jurídica que suprime la dimensión de las relaciones personales: el responder se transpone al Estado en sus representantes autorizados, no se responde a otros situados, concretos, sino a una sociedad abstracta, reducida a funciones. Hay una concepción mercadológica de la culpa y la pena, una deuda a ser saldada con posiciones relativas de deudores y acreedores. No hay relación entre personas, se trata de un sistema sin prójimos: si se ha pagado, se tiene la cuenta saldada.
De ahí se sigue lo demás.
Esta narrativa hace un empobrecimiento lingüístico, vocabulario escaso, se sustituyen las palabras de la lengua por signos utilitarios destinados a comunicación instrumental: ya no hay personas sino imputados, encartados, víctimas. Faltan las palabras, no hay recurso para entender, y entonces el acto permanece opaco, ininteligible. Lo que no se pone en palabras, no se comprende; lo que no se comprende genera una tendencia a la repetición.
A Fava le preguntamos por dónde desarmaría, si tuviera que elegir un solo punto, esa fragmentación que termina en que nadie se hace responsable de nada. Empezó por el origen.
Ante el retiro del Estado o la deficiencia de las respuestas estatales mediante el sistema de justicia tradicional —en el que la mayoría de los casos penales no terminan con un debate oral, público, continuo y contradictorio—, los particulares y, sobre todo, los particulares con acceso a determinados recursos han generado y siguen generando sus propios sistemas de seguridad.
El criterio de fondo no lo discute. Lo que discute es quién termina cargando con él.
Es cierto que el criterio fundamental es que la seguridad la hacemos entre todos y todas, al igual que se construye la libertad y también la democracia, antes que como una forma de gobierno, como un estilo de vida. Ahora bien, el paradigma de estas nuevas respuestas es que se asuma el riesgo de dejar la seguridad en manos de particulares que, aunque preocupados, resultan inexpertos; y ello conlleva a que, con muchas de las medidas que pretendan adoptar, nadie sea responsable y, a la vez, todos sean responsables.
Y eso, lejos de cerrarse, se retroalimenta.
Ello genera más y más fracturas, fragmentaciones y polarizaciones, tanto a nivel social como estatal, lo que redunda de manera directa en que el tema cada vez tenga menos seriedad en su tratamiento y mayores consecuencias en su práctica cotidiana, que aumentan los niveles de daño y violencia existente.
Para mostrarlo eligió un cuento: «Mis muertos tristes», de Mariana Enríquez, el primero de Un lugar soleado para gente sombría. Ahí los espacios, dispositivos y dinámicas de seguridad que arman los propios vecinos terminan perjudicando a quienes pretendían protegerse, y antes que proteger la vida de los demás vecinos la ponen en serio riesgo o directamente acaban con ella. «Dicho relato de ficción, que es la realidad que nos atraviesa, da la pauta de una individualidad que nos lleva a cuestionarnos como cuerpo social y, por sobre todo, como cuerpo social que debe vivir en comunidad generando acciones positivas antes que acciones de falso auto-resguardo y de efectivo auto-daño».
La fragmentación en este punto nos lleva a repensar el modo en que queremos estar en cada espacio social que nos toca vivir —escuela, barrio, cárcel, familia— para que no termine en la tristeza social y la desolación comunitaria que nos plantea el final del cuento: «…afuera un futuro de chicos muertos y una ciudad que ya no sabe qué hacer».
Para Passos, confundir una justicia con la otra no es un problema de vocabulario: tiene consecuencias en la práctica. Y entre esas consecuencias hay una que no le ocurre a ninguna de las dos por separado.
La confusión también produce una pérdida que afecta a ambas metodologías: en lugar de complementarse, una termina ocupando el lugar conceptual de la otra.
Y lo que quedaría afuera es justamente aquello para lo que las dos sirven: «ambas pueden contribuir a desplazar el foco exclusivo del castigo hacia la transformación humana. La JR fortalece la responsabilización consciente, la reconstrucción de vínculos y la participación comunitaria; la JT procura que las intervenciones judiciales favorezcan recuperación, inclusión social y bienestar».
Por eso, la diferencia no debe ser entendida como una separación absoluta. Diferenciar no significa separar radicalmente. Diferenciar significa preservar la identidad de cada metodología para que puedan dialogar y complementarse.
El saldo: «Al confundirlas ambas pierden su especificidad y, con ella, la posibilidad de complementarse adecuadamente». Y una precisión que ordena todo lo anterior: ninguna de las dos viene a reemplazar nada. «Ambas no sustituyen el sistema vigente (hegemónico), sino que lo complementan al colocar a las personas, sus necesidades y sus vínculos en el centro de las decisiones».
A Zarza le tocó escuchar las casi tres horas y devolver la síntesis, y esa mañana dijo que a la conversación había que volver a escucharla varias veces. Una de las cosas que le siguió dando vueltas después no fue ninguna de las exposiciones, sino algo que las atravesaba a todas.
Creo que uno de los aspectos que más me quedó dando vueltas después del conversatorio fue la idea de flexibilidad. Cada panelista tenía formaciones, intereses y ámbitos de trabajo diversos y, sin embargo, en sus exposiciones aparecía un mismo interés por encontrar herramientas concretas para abordar cada caso en su complejidad y en todas sus dimensiones.
Lo que no apareció fue un método.
En esa búsqueda quedaba claro que no había recetas, ideas únicas ni respuestas acabadas acerca de cómo trabajar en clave restaurativa. Sí aparecía, en cambio, un fuerte compromiso con la creatividad, con la posibilidad de abrir caminos y encontrar, en cada situación, los abordajes más adecuados.
Y ahí puntualiza de qué flexibilidad habla.
Quizás eso sea justamente lo que más me siguió resonando: la flexibilidad no como falta de criterios, sino como la capacidad de sostener principios y, al mismo tiempo, encontrar respuestas diferentes para situaciones diferentes.
El chat no paró
Juan Matías Bongiovanni, del equipo editorial del ciclo, tuvo que leer el chat dos veces: a mitad de la mañana y sobre el final. Ahí apareció la otra mitad de la conversación.
Escribieron setenta y dos personas, ciento ochenta y dos mensajes. Richar Martínez planteó que la cárcel no es una comunidad sino una sociedad, y que lo punitivo dejó de ser físico para volverse mental: un terrorismo psicológico de parte del poder. Lucas Cura agregó que la ley es una sola pero admite millones de interpretaciones según los intereses de los actores judiciales, y que hasta que no se democraticen las cárceles la lucha va a ser eterna.
Integrar a la comunidad en un plan restaurativo no es pedirle que perdone desde una superioridad moral, sino invitarla a ser parte corresponsable del tejido que repara.
Andrés Castagno escribió que el cambio de paradigma es un camino tortuoso, bombardeado desde los medios y desde una industria del entretenimiento que apunta a lo vindicativo incluso más que a lo punitivo. Y más tarde, sobre el final, dejó una línea que otras dos personas completaron: que la amabilidad hoy es una actitud muy valiente. Sonia Laura Mora sumó el amor; Mónica González Bigetti, la ternura.
Para trabajar con el dolor hay que tener estructura interna. Si no la hay, la tendencia es a desconectarnos para no sentir.
Varias personas escribieron desde adentro de una unidad penal y contaron lo que están viviendo: días sin agua, defensores que no anticipan la estrategia ni contestan, condenas que se firman sin entender. Esas intervenciones no van acá con nombre: se dijeron en un encuentro cerrado, y publicarlas es otra cosa. Estamos consultando a cada persona.
El ciclo sigue
Después de la síntesis de Zarza cerraron Ricardo Augman y Miguel Ángel M.
Perlo adelantó algo que llegó como pedido del primer encuentro: a partir del próximo Laboratorio se suma la cosmovisión de los pueblos originarios. El ciclo son nueve encuentros y termina en un libro colectivo que el equipo publica en 2027.
