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Tres organismos públicos —CELS, Procuración Penitenciaria y Comisión Provincial por la Memoria—, el propio gobierno argentino ante el Comité contra la Tortura de la ONU, una investigación institucional de la Procuración dirigida por Alcira Daroqui y Carlos Motto, y testimonios sobrevivientes del Circuito Camps describen esas celdas como una matriz común con los pozos del terrorismo de Estado.
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