Desde la Unidad 15 de Batán —una cárcel de máxima seguridad que es, también, territorio Liberté— y en simultáneo por videollamada, más de ochenta personas se sentaron un sábado a la mañana a estudiar la reforma laboral. La modalidad fue híbrida: alrededor de sesenta y cinco conectadas por Zoom y veintitrés presentes en la sala. La clase la dieron dos abogados laboralistas, Cynthia Benzion y Leonardo Elgorriaga, y el título lo decía todo: «La Ley de Modernización Laboral como destrucción de las conquistas sociales».
Abrió Pampa, presidente de la Cooperativa Liberté, que agradeció a los expositores y a la comunidad: «La Universidad Liberté es lo que necesita la gente, lo que necesitamos». Lo que siguió no fue una conferencia sino una conversación de casi dos horas —con preguntas desde la sala y desde el chat— que recorrió un siglo de derecho del trabajo para entender qué se está perdiendo hoy.
Un homenaje antes de empezar
El encuentro arrancó con una despedida. La jornada coincidió con la muerte de Carlos «Indio» Solari, y la comunidad lo sintió. «Es un día difícil para mí», dijo Diana Márquez, integrante del Consejo de Administración de la cooperativa, y recordó la canción «Graciosos y valientes», de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: «Ser felices siempre es una revolución dentro de la cárcel, y afuera también».
Ricardo Augman, también del Consejo, sumó una frase que había leído esa madrugada: «Murió Carlos Solari, pero el Indio nunca muere». Para él, el Indio fue ante todo «un gestor de comunidad», una figura inspiradora más allá de quién haya disfrutado más de sus discos o sus recitales.
Márquez tendió un último hilo, hacia el Proyecto Mecha que Liberté dio por concluido hace poco: el nombre venía de un verso del Indio, «de qué lado de la mecha te encontrás». Rendido el homenaje, se dio inicio a la clase.
Mirá la clase completa en EduTube.
Un siglo de derecho del trabajo, para entender lo que se pierde
Benzion propuso empezar por la historia. «Me parece que remontarnos a qué son las leyes laborales y cómo llegamos a hoy permite entender un poco más» lo que está en juego, dijo. Y se remontó a la Constitución de 1949, que durante el primer peronismo priorizó la dignidad de quien trabaja y estableció lo que técnicamente se llaman pisos mínimos de protección: lo que, como mínimo, cualquier persona que trabaja tiene que tener garantizado. Esa constitución duró poco —vino la autodenominada Revolución Libertadora— y, paradójicamente, fue durante la presidencia de facto de Aramburu, en la reforma de 1957, cuando se incorporó a la Constitución el Artículo 14 bis.
Benzion compartió en pantalla ese artículo, que ordenó en tres partes: los derechos de cada persona que trabaja, los derechos de los sindicatos y la seguridad social —jubilados y pensionados—. Pero pidió detenerse en su primera frase, vigente desde 1957 y nunca modificada. Es el texto de la norma: «El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, retribución justa». Lo subrayó así: «No es una protección doble para el empresario y para el trabajador. Es una protección unidireccional. La ley está para proteger al trabajador».
¿De qué lo protege? De una desigualdad de origen. «Si yo necesito un salario para comer y para mantener a mi familia, no puedo elegir mucho», explicó. En un país con desempleo estructural, el sometimiento al poder patronal se vuelve casi absoluto: «Es el "si no te gusta, te vas", porque hay una cola de tres cuadras que sí están dispuestos a aceptar lo que vos no estás dispuesto a aceptar».
De ese recorrido —y del auge sindical de los años setenta— nació, en 1973, la decisión de reunir las leyes laborales dispersas en un solo cuerpo: la Ley de Contrato de Trabajo. Se le encomendó el proyecto a un abogado laboralista de Mar del Plata, Norberto Centeno, que representaba a más de ochenta gremios de la ciudad. Benzion leyó lo que Centeno tenía en la cabeza al escribirlo: «El trabajo se confunde con el trabajador». La ley, resumió, debía garantizar dos cosas: la dignidad de quien trabaja y la protección frente a los abusos.
Contra el sentido común que repite que las leyes laborales son un obstáculo para generar empleo, Benzion fue tajante: «Esto es falso. Los mayores niveles de empleo en Argentina se lograron con leyes absolutamente protectorias que penalizaban a los empleadores que no cumplían». Por eso, dijo, la reforma actual es de otra escala: «Es francamente revolucionaria», una ruptura «con una lógica y un orden construido durante más de un siglo».
El relato histórico desembocó en la dictadura. Benzion mostró una tapa de Clarín del 26 de marzo de 1976. En letras grandes, la portada proclamaba que «la Junta es el órgano supremo del Estado»; en un recuadro, «el derecho de huelga quedó suspendido temporariamente»; y, al costado, la vida que seguía como si nada: «Habrá clases primarias y funcionarán los bancos». La Junta Militar suspendía el derecho de huelga y la actividad sindical, la herramienta central de los trabajadores para defender sus derechos. Recordó que, según la CONADEP, más del treinta por ciento de los desaparecidos fueron trabajadores, activistas y dirigentes sindicales. Y que un grupo de abogados laboralistas de Mar del Plata —entre ellos Centeno— fue secuestrado en lo que se conoció como la Noche de las Corbatas: catorce personas llevadas a un centro clandestino llamado «la cueva», torturadas y asesinadas. Para cerrar, proyectó un fragmento del Juicio a las Juntas, con los testimonios de María Eva Centeno y Marta García Candeloro, y la frase que les dijeron sus secuestradores: «Ahora, los que administramos justicia somos nosotros».
Tres patas de un mismo plan
Benzion ubicó la reforma actual en una secuencia. «No es solo esta última reforma laboral», advirtió: son tres normas encadenadas desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Primero, el DNU 70/23, de diciembre de 2023, que modificaba más de doscientas leyes. Benzion recordó la foto de Federico Sturzenegger junto a una pila de papeles y deslizó quiénes los habían escrito: «Eran los estudios jurídicos de los grandes grupos económicos que durante años soñaron con la eliminación del derecho al trabajo». Pero, dijo, el decreto «les salió el tiro por la culata»: la Cámara de Apelaciones del Trabajo, a partir de una acción de la CGT, lo declaró nulo en materia laboral porque no había ni necesidad ni urgencia.
«Los muchachos aprendieron», ironizó, «y dijeron: les hacemos una ley y la aprobamos en el Congreso». Así llegaron las otras dos patas: la Ley Bases, vigente desde julio de 2024, y la Ley de Modernización Laboral —ley 27.802—, vigente desde marzo de este año, que «termina de dar el golpe de gracia».
La ley que se retira
Elgorriaga tomó la posta para entrar de lleno en la última reforma y en el derecho individual: el contrato de trabajo. Para él, el hilo que une toda la reforma es uno solo: «El Estado se retire, que la ley laboral protectoria se retire y deje solo y sola al trabajador y la trabajadora frente al empleador». Lo graficó con un nombre: «Tenemos un Ministerio de Desregulación; me parece que más clarito imposible».
Se detuvo, además, en el rótulo «modernización». El argumento de adaptar la ley a las nuevas tecnologías, dijo, es una excusa: «Cuando uno entra a ver el contenido de esta reforma, se encuentra que poco y nada hay en relación a las nuevas tecnologías». Donde la tecnología aparece, funciona como llave para que la ley se retire. El ejemplo más claro es el trabajo de plataformas: la reforma declara que la Ley de Contrato de Trabajo no se aplica a ese colectivo —repartidores y repartidoras intermediados por aplicaciones— y le crea un régimen que no lo reconoce como trabajo en relación de dependencia. «Altísimamente precarizado», resumió. Lo mismo, dijo, con el teletrabajo: la ley que se había dictado en la pandemia queda derogada y sin reemplazo. Y con el personal embarcado, los navales, que también quedan fuera de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cuando la ley deja afuera a quienes trabajan en la cárcel
El punto tocó de lleno a la comunidad presente. Elgorriaga explicó que la Ley de Modernización Laboral dice expresamente que la Ley de Contrato de Trabajo no se aplica a las personas en situación de cárcel que trabajan en las unidades de detención. Y va más allá: modifica la propia Ley de Ejecución Penal. «Reformando el Artículo 107, donde decía que el trabajo en las cárceles debía ser conforme a la legislación laboral y de la seguridad social, eso se elimina; y de paso eliminan el derecho a que sea un trabajo remunerado». La síntesis fue cruda: «Yo ya no los voy a proteger». Y la contradicción, evidente, contra el Artículo 14 bis, que arranca diciendo que el trabajo «en todas sus formas» será protegido por las leyes.
Esa contradicción atravesó las intervenciones desde el aula. Marcelo Pereyra contó su caso: trabajó más de tres años como promotor de salud y, según relató, le hacían firmar los jornales pero nunca le pagaron lo que le correspondía. «¿Cómo se hace para reclamar esa situación?», preguntó, y planteó la dificultad de hacerlo «al no tener un abogado laboral». Elgorriaga respondió que, al tratarse de una deuda anterior a la reforma, su caso todavía está alcanzado por la protección de la ley vieja; y que, en cualquier escenario, el derecho al salario es un derecho humano fundamental: «No puede ser nunca un trabajo gratuito».
Benzion sumó una lectura técnica. Aun si se aceptara que las personas en situación de cárcel quedaron fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, dijo, la reforma está mal escrita y dejó cabos sueltos. Derogó el inciso que obligaba a remunerar el trabajo, pero no tocó otro artículo. Leyó el texto legal: «El trabajo del interno será remunerado, salvo los casos del Artículo 111», que contempla una sola excepción —las tareas generales del propio establecimiento—. «¿En qué quedamos?», preguntó. Su posición fue clara: hay con qué reclamar. «Lo que no se debería hacer es no dar la pelea frente a este avasallamiento».
Más adelante, Augman trajo una pregunta puntual sobre los fondos que las personas en situación de cárcel acumulan y cobran al recuperar la libertad: si todo este «paquete» financiero podía afectarlos. Pampa precisó las diferencias de regímenes y las cifras, que en la sala se vivieron como una denuncia: en la provincia de Buenos Aires el peculio es «de dos pesos con diecinueve por día», mientras que en el régimen federal se cobra por hora; mencionó que en Corrientes son unos 4.500 pesos por mes y en Santa Fe, 6.500. «Trabajo esclavo, eso lo tenemos re claro en Liberté», dijo.
Benzion aclaró que el nuevo Fondo de Asistencia Laboral rige para la empresa privada, no para el Estado, y que la distribución de lo que se gana dentro del Servicio Penitenciario está fijada por su propio régimen. Pero marcó un límite de propiedad: «La plata del interno es del interno». Si la persona se va en libertad condicional o definitiva, tiene derecho a reclamarla y llevársela. Elgorriaga agregó que ya hubo fallos que declararon la inconstitucionalidad de esos descuentos, y que los principios generales del derecho del trabajo —empezando por la integridad del salario— se aplican igual a las personas en situación de cárcel: «Esto es trabajo y tiene que estar protegido por la ley».
Renuncias, fraude y «salario dinámico»
Elgorriaga repasó, uno por uno, los institutos clásicos que la reforma modifica en sentido regresivo. La renuncia de derechos: hasta ahora, el Artículo 12 impedía resignar derechos reconocidos; con la reforma, una persona puede renunciar a las mejoras que consiguió individualmente por encima de la ley y el convenio. El fraude laboral: existía una presunción de que todo vínculo es un contrato de trabajo y era el empleador quien debía probar lo contrario; ahora esa presunción se cae si median facturas o contratos de locación —«justamente la modalidad típica de fraude laboral que se hace históricamente en nuestro país»— y queda en cabeza del trabajador demostrar el vínculo.
La tercerización: antes, cuando alguien aparecía como empleador en los recibos pero el trabajo se prestaba para otra empresa, la ley consideraba empleador a la empresa real. La reforma lo invierte: ahora «es siempre empleador el que lo registra», aunque sea un testaferro insolvente, y la empresa para la que efectivamente se trabaja pasa a ser apenas responsable solidaria. Y el «salario dinámico»: detrás de un nombre que «suena lindo», dijo, se habilita acordar rubros salariales variables según el rendimiento, es decir, flexibilizar el salario y poder bajarlo. Acá Elgorriaga formuló la idea que recorrió toda la clase: «Siempre que hay márgenes de libertad y de negociación cara a cara entre empleador y trabajador, el que va a ganar es el empleador».
El Fondo de Asistencia Laboral: «una AFJP para despidos»
Elgorriaga dedicó un tramo extenso a una de las figuras más nuevas y, dijo, «más perversas»: el Fondo de Asistencia Laboral, reglamentado esa misma semana, con entrada en vigencia prevista para el 1 de noviembre. ¿Cómo funciona? Una parte de las contribuciones patronales que hoy financian las jubilaciones se desvía a un fondo por empresa, administrado por entidades financieras, para pagar indemnizaciones por despido. No le genera un costo nuevo al empleador —solo desvía aportes que ya hacía—, pero, explicó, desfinancia la seguridad social y arma «un negocio» para el sector financiero con plata de los jubilados. Y desvirtúa la indemnización, que existe para desalentar el despido: «Es sacarle a los jubilados para financiar despidos».
Lo más grave, señaló, es que el empleador conserva el control del fondo: decide si lo usa o no para pagarle a quien despidió, y el fondo es inembargable, de modo que el trabajador no puede ejecutarlo en un juicio. Si la empresa cierra y declara no tener deudas, el remanente —ganancias financieras incluidas— vuelve a manos del empleador: «Ni a los jubilados ni a los trabajadores».
Desde el aula, Juan Carlos C. pidió precisiones sobre este fondo: si el aporte salía del trabajador o de la empresa, y qué pasaba si la firma cerraba sin deudas. Elgorriaga distinguió el sistema del de la Ley Bases —más parecido al fondo de cese de la construcción, que nunca se llegó a implementar— y confirmó el reparo: como el fondo queda bajo control del empleador, la «garantía» que se le prometía al trabajador no es tal. Alguien en la sala lo comparó con las viejas AFJP. Elgorriaga asintió: «Es una AFJP para despidos».
La jornada y los juicios: Banco de Horas y pagos en cuotas
Otros dos puntos cerraron el tramo de derecho individual. El Banco de Horas permite compensar las horas extras de una semana con menos horas en otra: el empleador se libra de pagar el recargo y, sobre todo, puede cambiar permanentemente el horario «según las necesidades de la empresa». Elgorriaga lo conectó con una conquista histórica: la jornada de ocho horas, por la que fueron ejecutados los mártires de Chicago que recuerda cada 1 de mayo. «Esa conquista se ha perdido, o por lo menos está en una situación de vulnerabilidad».
El otro punto: el pago de las sentencias laborales en cuotas —hasta doce para una pyme, seis para una empresa grande—. En jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, donde un juicio laboral demora en promedio cinco o seis años, eso implica esperar todavía más para cobrar lo que ya se reconoció. Para Elgorriaga, es «aberrante» y funciona como «una invitación a no pagar»: al empleador moroso le conviene esperar el juicio y después pagar en cuotas, antes que abonar la indemnización en término.
El otro frente: sindicatos, huelga y la Justicia del Trabajo
Benzion retomó para abordar el derecho colectivo, partiendo de una premisa: para las empresas, la ley laboral y los sindicatos son un problema. Empezó por la Ley Bases. Esa norma quitó las multas por trabajo no registrado —el «trabajo en negro»— con el argumento de abaratar el costo laboral. Benzion lo comparó con un absurdo: «Hay muchos accidentes de tránsito; saquemos los semáforos, saquemos las multas por pasar en rojo». La Ley Bases también amplió el período de prueba —de manera «aberrante» en el caso de las trabajadoras de casas particulares— y habilitó el despido por hacer huelga y el despido discriminatorio: antes, un despido por estar embarazada, por ser portadora de HIV, por la posición política o gremial o por ser migrante era nulo y la persona recuperaba su puesto; ahora se resuelve con una indemnización especial. «Le va a salir un poquito más caro, no hay ningún problema».
Sobre los sindicatos, Benzion señaló el objetivo de desfinanciarlos: la Ley de Modernización les pone un tope para financiarse —no más del dos por ciento de los sueldos—, sin relación alguna con la generación de empleo. En la negociación colectiva —donde el sindicato y la patronal de una actividad acuerdan, como una ley propia del sector, jornada, categorías, licencias y salarios mínimos— la reforma obliga a renegociar «todo desde cero», con un año de plazo y en pleno contexto recesivo. Y limita el derecho de huelga: hasta ahora solo tenían restricciones las actividades cuya interrupción pone en riesgo la vida —hospitales; luz, gas y agua; controladores aéreos—; ahora casi todas deben garantizar una prestación mínima bajo categorías como «servicios esenciales» y «de importancia trascendente», que llegan a incluir la producción de manufacturas exportables. «Lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo», resumió.
¿Y la salida judicial? Benzion contó que, frente a una reforma que consideran contraria a la Constitución, la respuesta desde el Estado fue «la destrucción de la Justicia Nacional del Trabajo». Recordó que los jueces del trabajo no son neutrales: tienen el mandato de proteger a quien trabaja —resolver a favor del trabajador en caso de duda, tener presente que no accede a las pruebas con la misma facilidad que la empresa—, y que también se quitó la justicia social como regla de interpretación. Por eso, dijo, hoy se duda de si habrá jueces que frenen la reforma.
Llegado ese punto, Benzion abrió el juego: «Yo veo caritas, por ejemplo en Punto de Paz, que están escuchando con mucha atención. Nos gustaría que hablen ustedes, con preguntas, con intervenciones o compartiendo alguna idea». La conversación se amplió. Desde Puerto Madryn, Susana Elba López —abogada desde hace cincuenta y un años— aportó que las secretarías de trabajo provinciales y municipales asisten a quienes tienen este tipo de conflictos. Desde Necochea, Emilia preguntó qué pasa con un trabajador cuando una pyme se disuelve; Elgorriaga explicó que puede reclamar contra el empleador y, si hay quiebra, presentarse en ella, y que hoy es clave poder extender el reclamo a socios y gerentes, como en la crisis de 2001: «Es lo que está sucediendo, trabajadores y trabajadoras despedidos con empresas que están cerrando». Sobre el final, Augman recordó otro frente —los contratos precarios y renovables del propio Estado— y Benzion cerró ese hilo: la Ley Bases también golpeó el corazón del empleo público, la estabilidad, que dejó de ser casi absoluta.
«Estamos iniciando una amistad»
Antes del cierre, Augman se dirigió a Benzion y Elgorriaga para celebrar el comienzo de una amistad entre ellos y la comunidad de Liberté: «estamos iniciando nuestra amistad», dijo. Recordó que la búsqueda de trabajo digno fue el motor por el que Liberté se constituyó primero como proyecto y después como cooperativa, con una etapa de producción y venta de productos «a precios justos» para que hubiera ingresos dignos para trabajadores y trabajadoras. Agradeció a los expositores lo compartido —«valiosísimo, rico, amplio»— y adelantó que los volverán a invitar para profundizar lo que quedó pendiente. A Benzion le reconoció el esfuerzo: «Se te escuchó con la voz quebrada, pero ahí le metiste garra».
Diana Márquez propuso entonces algo a lo que, dijo, no están acostumbrados en esta comunidad: un aplauso. Sonaron los aplausos. Y Miguel Ángel M. cerró el encuentro en nombre de la Universidad Liberté y de Víctimas por la Paz: habían tratado «la Ley de Modernización Laboral como destrucción de las conquistas sociales» con un repaso histórico y del presente, en lo que definió como «un acto cultural y educativo». «Será hasta el próximo EnClave Libre, desde la cárcel de Batán y desde el territorio Liberté».
Quiénes acompañaron
La clase fue organizada por la Universidad Liberté junto a la Asociación Víctimas por la Paz, en modalidad híbrida: unas sesenta y cinco personas conectadas por Zoom y veintitrés presentes en la sala. Acompañaron Pampa, presidente de la Cooperativa Liberté; Diana Márquez y Ricardo Augman, del Consejo de Administración; Alejandro Omar S., recién egresado de Liberté; y un nutrido grupo de personas que son parte habitual de las actividades de la comunidad. Desde la sala del Punto de Paz, en Batán, otro grupo siguió la conversación. La apertura y el cierre estuvieron a cargo de Miguel Ángel M.
