El viernes 13 de noviembre, en el salón Punto de Paz de la Unidad Penal N.° 15 de Batán y por Zoom, Universidad Liberté y Cooperativa Liberté, con el respaldo de la Asociación Civil Víctimas por la Paz, hicieron un nuevo enClave Libre. El tema fue una pregunta que sigue abierta: ¿qué hacemos con los celulares en las cárceles? La expuso en persona la abogada Telma Verónica Vargas; el juez de ejecución Juan Galarreta hizo la devolución; y desde el salón y desde varias unidades penales hablaron personas en situación de cárcel forzosa que usan el celular para estudiar y para hablar con sus hijos y sus hijas. Duró dos horas y seis minutos.
Nota de la redacción
Esta Cátedra sale de la transcripción automática de la clase, de sus subtítulos y de las diapositivas y el trabajo de investigación de Vargas, que deforman nombres propios y cifras; los escribimos con la grafía correcta. Lo que va entre « » es palabra de quien habló, con las muletillas limpiadas. Lo demás es relato de lo que dijeron, con su autoría. Los números de allanamientos y de proyectos de ley son los que se dijeron en la clase; no los verificamos contra los informes de origen.
«Estar en red»: por qué el celular es más que una llamada
La jornada empezó con una presentación del locutor desde Batán y con los saludos de Diana Márquez, secretaria del Consejo de Administración de Cooperativa Liberté, que preside la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa (SAJuR) y es titular de la Asociación Civil Víctimas por la Paz. Por Zoom participó Ricardo Augman, tesorero de Cooperativa Liberté, psicólogo e investigador especializado en salud mental comunitaria. Augman recordó a Juan Carlos Vesulla, colaborador del programa Marcos de Paz de la Procuración Penitenciaria Nacional, que había fallecido esa semana. Después marcó el tono del tema: el celular no es solo comunicación.
«Existen dispositivos en las cárceles hace mucho tiempo, pero lo que hace la diferencia es que los dispositivos estén en red. Y cada vez que una comunidad se pone en red se hace muy potente y, por supuesto, despierta enormes fantasías.»
Márquez, que había invitado a Vargas, explicó por qué Universidad Liberté hace enClaves: es un formato que le da tiempo a la persona experta para desarrollar el tema con calma, y eso les permite a los demás ir pensando a la par. Después Vargas agradeció la convocatoria, destacó que el espacio reúne a quienes trabajan en lo judicial, la sociología, la criminología y el derecho penal, y contó algo que ya estaba pasando mientras hablaba: algunos de sus estudiantes y exestudiantes del taller de litigación de la Universidad Nacional de La Plata estaban conectados desde unidades penales, y lo estaban gracias a un celular.
El mapa: Nación, provincia y ejecución de la pena
Vargas propuso ordenar la clase en dos tiempos, los celulares antes de la pandemia y después, y se limitó a la provincia de Buenos Aires. Primero armó el mapa normativo. La Constitución reparte las facultades: las provincias le delegaron a la Nación el Código Penal y se reservaron sus códigos procesales y sus leyes de ejecución de la pena. De ahí que convivan la ley nacional 24.660 y la ley bonaerense 12.256, de 1999. Con el Código Procesal bonaerense, que entró en vigencia en 1998, se tomó una decisión: judicializar la etapa de ejecución. Nació el juez de ejecución, que resuelve los incidentes sobre libertad anticipada y es quien revisa, en apelación, las sanciones disciplinarias.
La ley 12.256 reconoce el derecho de las personas en situación de cárcel forzosa a comunicarse con el exterior (visitas, lectura, educación, trabajo, tiempo libre) y aclara para qué: lograr una mejor integración social cuando salgan. Y clasifica las faltas en leves, medias y graves. Para los celulares importaban dos: la falta media de «mantener o intentar contactos clandestinos» y las faltas graves de introducir elementos eludiendo los controles.
Antes de la pandemia: ¿falta o derecho?
La norma no decía «celular». Y ahí, explicó Vargas, los tribunales se dividían en dos posturas. La primera, de laxitud interpretativa: si alguien intenta una comunicación clandestina, no hace falta que la ley nombre el celular, porque no tiene otro modo de hacerlo; entonces se confirmaba la sanción. La segunda aplicaba los principios que reducen el poder penal: máxima taxatividad (si la norma no lo dice, quien juzga no puede agregar la conducta) y prohibición de analogía en perjuicio de la persona. Con esa segunda postura se revocaba la sanción.
Había además una discusión de fondo, la de la lesividad. El criterio peligrosista decía que el celular facilitaba la fuga, la entrada de elementos peligrosos o seguir delinquiendo con cómplices de afuera. En el otro lado, Vargas citó a Mario Juliano, juez de Necochea, fallecido, padrino eterno de Liberté, que ya en 2013 respondió con la lógica del absurdo. Lo que proyectó en la diapositiva:
«El empleo de conceptos genéricos e imprecisos para el reproche (comunicaciones clandestinas) ocasiona quiebres lógicos en el sistema. En efecto, con la misma intención […] deberían eliminarse las líneas telefónicas fijas que existen en cada pabellón […], deberían prohibirse la correspondencia privada y las visitas generales e íntimas o imponerse el silencio obligatorio para evitar conversaciones entre detenidos.»
Si tener un celular fuera peligroso, resumió Vargas, habría que quitárselo a todo el mundo, adentro y afuera. Y estar en una cárcel no deroga la igualdad ni la condición de persona.
La pandemia: sin visitas, y el hábeas corpus por Batán
El decreto 297/2020 impuso el aislamiento obligatorio desde el 20 de marzo de 2020, y no distinguía entre quienes estaban libres y quienes estaban en una cárcel. Las consecuencias fueron inmediatas: las familias dejaron de poder visitar y quienes gozaban de salidas transitorias o semidetención ya no pudieron salir. Primero hubo reclamos individuales, por vía de los defensores; después se sumaron organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, y los planteos pasaron a ser colectivos. Se resolvían por juez de turno, así que los criterios variaban según el departamento judicial.
El caso que Vargas trajo para el territorio fue el hábeas corpus colectivo de la Comisión Provincial por la Memoria por el Complejo Penitenciario Batán, que resolvió el 27 de marzo de 2020 el juez Galarreta, presente ese viernes en el salón. Sus fundamentos: que la cárcel no priva de otros derechos más que el de la libertad (como ya había dicho la Corte Suprema en «Dessy»); que el principio de legalidad rige también en la ejecución de la pena; y que, entonces, el uso de celular es una conducta atípica. Citó también a la Corte Interamericana (Almonacid Arellano vs. Chile): el Estado no solo debe remover normas que obstaculicen un derecho, también las prácticas. Y el celular, explicó, encuadraba además en la protección diferenciada de las personas en situación de vulnerabilidad. La resolución permitió el uso y encomendó a la jefatura y a la dirección del complejo hasta que hubiera un protocolo.
Tres días después: Casación y el protocolo bonaerense
Apenas tres días más tarde, el Tribunal de Casación Penal de la provincia (Sala II, causa 100.145, «Detenidos alojados en la U.P. n.° 9 de La Plata s/ hábeas corpus colectivo») resolvió en el mismo sentido, con el voto del doctor Víctor Violini, que retomó los argumentos de Galarreta:
«La privación de libertad no implica —ni puede implicar— el cercenamiento de otros derechos básicos, como los relativos a la alimentación, salud, educación, asistencia y mantenimiento de los vínculos familiares.»
Casación le encargó al Ministerio de Justicia un protocolo, que sigue vigente. Vargas lo resumió: tiene tres objetivos (el contacto con familiares y afectos, el desarrollo educativo y cultural, y el acceso a información sobre la situación procesal); el celular se usa solo en el lugar de alojamiento, a cualquier hora, sin memoria extraíble, sin redes sociales (solo WhatsApp). Y trae algo que, dijo, hoy no se está mirando en el debate: para quienes cometieron delitos a través de redes sociales o de dispositivos electrónicos, el Ministerio puede reglamentar el uso o incluso quitarlo. No es un uso sin control.
La pregunta de 2021: ¿se cometieron más delitos?
Vargas contó que su investigación nació en la especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la materia de Criminología, en junio de 2021. El trabajo se llama «¡Cuidado, tiene un celular!» y su pregunta era una sola: si la autorización durante la pandemia había aumentado los delitos cometidos con celulares. Explicó cómo la fue acotando para poder hacerla sola: adultos condenados y procesados, sin régimen penal juvenil; solo el Departamento Judicial Mar del Plata y el Complejo Batán; sin el fuero federal; y cuatro delitos que se pueden cometer con un celular: grooming, amenazas, extorsión y estafa.
Primero fue a las estadísticas oficiales, las de la Procuración General y la Fiscalía General Departamental. Las diapositivas muestran, para los cuatro delitos, los números de dos períodos (20/3 al 25/6 de 2019 y del mismo tramo de 2020):
| Delito | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Grooming (art. 131) | 15 | 12 |
| Amenazas simples y agravadas | 1.383 | 776 |
| Extorsión (art. 168) | 75 | 16 |
| Estafa (art. 172) | 225 | 157 |
Pero ese cuadro, aclaró, tenía un obstáculo que casi la hace tirar la toalla: no permite saber cuántos de esos delitos se cometieron desde la cárcel. Preguntó a los fiscales y le dijeron que para saberlo habría que revisar causa por causa. Entonces cambió la pregunta: ¿cómo se entera el Servicio Penitenciario de que se comete un delito con un celular? Respuesta de la jefatura del complejo: por una orden de allanamiento o porque interviene el fiscal por urgencia. Entonces contó los allanamientos de un año antes de la pandemia contra el primer año de pandemia. El resultado:
- Del 20/3/2019 al 19/3/2020, ningún allanamiento.
- Del 20/3/2020 al 20/3/2021, dos: uno por infracción a la ley 23.737, otro por extorsión.
«Un número irrisorio», dijo: no hubo una masividad de delitos durante ese período. Y al director del complejo le preguntó cómo veía la convivencia. Vargas contó que le respondió que el celular había confluido en la pacificación: antes había un mercado negro y peleas por quién tenía un aparato y quién se lo robaba, y esas peleas terminaban en sanciones. Agregó que, según el director, el celular le había permitido a algunas personas terminar la primaria y la secundaria, y hasta practicar su culto evangélico.
Hoy: diez proyectos y tres ejes
Cinco años después, la discusión volvió. Según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, hay diez proyectos legislativos para regular o restringir los celulares en las cárceles; Vargas pudo analizar siete. Propuso mirarlos con el principio de progresividad de los derechos humanos (no volver atrás) y desde tres ejes:
- Ordenamiento jurídico. De los siete, solo dos derogan el protocolo. Pero el protocolo no nació de una ley sino de una sentencia de Casación, que encomendó su diseño al Servicio Penitenciario. Su pregunta, que dejó abierta: ¿hace falta derogarlo y pasar por el Congreso provincial, o el Servicio podría fijar nuevos requisitos?
- Iter criminis (el camino hacia el delito). Algunos proyectos prohíben no solo el celular sino el chip, el router y cualquier dispositivo relacionado. Eso reabriría una discusión que se había terminado cuando se autorizaron los celulares: si tener un chip es un acto preparatorio o ya principio de ejecución. Vargas advirtió que podría desatar una «inflación» de litigiosidad por cuestiones que habían dejado de litigarse.
- Régimen progresivo. Un proyecto convierte tener un chip o un router en falta grave, y obliga al juez de ejecución a considerarla cuando analiza un régimen abierto, una libertad asistida o una salida transitoria. A quienes ya tienen vedados algunos institutos por la ley, les quedan muy pocos; con esa falta les quedarían menos aún.
«No tenemos datos estadísticos que nos permitan concluir si hay un mayor incremento de la comisión de delitos por uso de celulares.»
Vargas aclaró que no todo le parece mal: hay propuestas «más racionales», como prohibir el celular solo a quienes tienen condena firme por grooming, una prevención especial acotada a ese delito.
Los buenos usos: estudiar, y hablar con los hijos y las hijas
Antes de dar la palabra, Vargas pidió que el debate no se quede solo con los malos ejemplos. Presentó a Lino, exalumno suyo: cursó tres años seguidos el taller de litigación y juicio por jurados estando en una cárcel y hoy está en libertad condicional. Explicó para qué sirve el celular a quien estudia: muchas veces no hay material en papel, y si en la carrera no van todos los profesores a la unidad, el estudiante tiene que rendir libre, y rendir libre exige un traslado que hoy casi nunca se autoriza. El primer año del taller, contó, Lino era el único conectado; el segundo, a través de su celular se conectaban tres personas más. «Es uno de los logros como docente», dijo: llegar a unidades penales con tecnología.
La devolución del juez Juan Galarreta
Galarreta arrancó agradeciéndole a Vargas una visión completa de lo que significó el uso del celular. Recordó a Mario Juliano, a quien llamó «disruptivo», y contó una experiencia de 2010: en un congreso de jueces y funcionarios de ejecución penal en San Juan, Juliano preguntó qué pasaría si, por la misma lógica peligrosista, se suprimiera el celular afuera, donde se comete la mayor parte de los delitos. «Esa lógica irracional es lo que tenemos que superar», resumió Galarreta. Y fue claro sobre cuál no es la respuesta:
«La respuesta no tiene que ser la supresión de los derechos, como si esto mágicamente evitara o previniera la comisión de delitos.»
Trajo dos datos. Uno, un informe de la Comisión Provincial por la Memoria que siguió la metodología de Vargas entre marzo de 2025 y marzo de 2026: 306 allanamientos vinculados con celulares en una población de unas 64.000 o 65.000 personas en situación de cárcel forzosa en la provincia. Otro, que desde que existen el control y el protocolo se redujeron los delitos dentro de las unidades y mejoró la posibilidad de investigarlos, porque con un celular registrado quien investiga identifica rápido a quienes estuvieron involucrados. Y planteó que el celular asegura tres cosas: el contacto familiar (algo, recordó, que la Corte Interamericana ya señaló al condenar a la Argentina), el contacto con la educación y la cultura, y el contacto con la defensa. Sobre esto último contó que algunos defensores le reprochan haberlo autorizado porque «ahora me llaman todos los días», y que les contesta que pongan un día de atención y lo administren, pero que eso no puede ir en detrimento de quien necesita asesoramiento legal.
Terminó con un pedido: que las personas en situación de cárcel forzosa den su opinión, porque es un insumo que necesitan los jueces, los abogados, los legisladores y las autoridades del Ejecutivo, tanto si el protocolo continúa como si se regula por una norma de mayor jerarquía.
La ronda de aportes
Respondieron personas desde el salón y desde varias unidades penales. Esto es lo que dijeron:
- Cristian, desde el salón, marcó una asimetría: cuando una estafa se comete desde la cárcel «ponen el grito en el cielo» y cuando se comete en la calle es un delito más, aunque se cometan muchos más afuera. Pidió regular y controlar, no quitar. Contó que él nunca había pisado una cárcel y que, antes de llegar, había escuchado que el celular había «planchado» las peleas; ahora lo vio: ya no se pelean por aburrimiento, la gente mira una película o habla con la familia.
- Xavier «Pampa» Aguirreal, presidente de Cooperativa Liberté, propuso que el control ya existe: el celular entra registrado por visita, y si se garantiza que todos los celulares tengan el IMEI registrado al ingreso, si alguien comete un delito es fácil de rastrear. Lo que lo complica son los celulares clandestinos, que no entran por la visita. Y contó un episodio propio. El 28 de noviembre de 2023, a las 10, Liberté había salido en la TV Pública contando el informe sobre reincidencia cero; esa misma tarde, según relató, una comisión del Servicio Penitenciario aplicó una sanción por «conexiones clandestinas con la TV Pública» y secuestró 20 computadoras y las cámaras de seguridad. El juzgado de ejecución confirmó la sanción, pero la Cámara la revocó por haberse usado el celular dentro del protocolo. Los equipos, dijo, no fueron devueltos del todo: faltan unas diez computadoras y las cámaras.
- Esteban, estudiante de segundo año de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, conectado desde la Unidad 1 de Olmos, contó que hace casi seis años que está detenido y que hizo su primer año de la carrera por Zoom. Señaló que ve a diario a personas que hablan todos los días con sus hijos y sus hijas, y que le reconoce al celular haber bajado la violencia. Calificó de «extremista» que tener un chip impida acceder a un instituto de libertad. Y pidió que se busque la manera de que no tenga celular quien cometió un delito con él, «pero no a las 64.000 personas que estamos detenidas». Xavier «Pampa» Aguirreal, presidente de Cooperativa Liberté, sugirió un fallo, que dejó en el chat, sobre el derecho a comunicarse para fines culturales y educativos: en ese caso, no hace falta pedirle permiso a nadie.
- Lino agradeció la invitación y habló del estudio como salida: hizo la primaria, la secundaria y la universidad en contexto de encierro, estuvo detenido trece años y le quedan ocho meses de condena. «Estudien», dijo, «que es la herramienta fundamental para poder salir adelante», y para alentar con eso a los hijos y a la familia.
- Rodríguez, exalumno de Vargas en 2025 y hoy en prisión domiciliaria tras estar en la Unidad 26, propuso que la justicia intervenga antes de que se sancione una ley, para evitar lo que pasó con la 27.375, que restringió beneficios y generó decisiones contradictorias entre departamentos judiciales hasta que tuvo que definir la Corte Suprema. Pidió también no pensar el celular solo para la comunidad universitaria: quien hace la primaria o trabaja también necesita el contacto familiar.
La respuesta de Vargas y el control de convencionalidad
Vargas retomó dos cosas. Del taller virtual: al final de la cursada se hace un simulacro de juicio oral, y aunque no sea la carrera de abogacía estricta, a quienes están en una cárcel les sirve para entender por qué existe cada figura delictiva y para compartir con personas del medio libre. Y de las afirmaciones del tipo «se hicieron 500 llamadas»: eso no significa 500 personas llamando; pueden ser una o dos. El análisis jurídico, dijo, es otro: ese hecho impacta en la determinación judicial de la pena de esa persona, pero no es una estadística.
Galarreta agregó una explicación sobre el control de convencionalidad. Las leyes las dicta el Congreso, pero el Poder Judicial controla, en última instancia, que respeten la Constitución, y ese control suele hacerse en un caso concreto; no hace falta que lo pidan las partes. Desde «Almonacid Arellano» todos los jueces de la región son, dijo, jueces de la Convención Americana. Y desde el caso «Gelman vs. Uruguay», la Corte Interamericana aclaró que ese control no es solo de los jueces: también el Poder Ejecutivo y el Legislativo deben revisar, antes de dictar un acto, que no contradiga la Constitución ni la Convención. Puso como ejemplo una resolución de la jefatura del Servicio Penitenciario sobre el procedimiento disciplinario.
Lo que escribió el chat
Por Zoom, el chat se llenó de saludos desde La Rioja, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, Florencio Varela, Castelar y Uruguay, y desde las unidades 1, 24, 25 y 43. Hubo problemas de audio al comienzo y una conexión que se cayó más tarde. Vargas leyó algunos mensajes antes de cerrar. Analía Acevedo recordó que, para quienes tienen defensores particulares, el celular les permite organizar la defensa con fotos del expediente. Otra persona escribió que gracias a la tecnología hoy trabaja como agente de vinculación jurídica y gestión administrativa. Alguien contó que en el SPF «los celulares los entran los del mismo servicio y también te los venden». Y una participante desde Uruguay explicó que allá el celular está prohibido, salvo para quien por su conducta sale a trabajar a la huerta o la jardinería.
Cierre: por qué los enClaves son presenciales
Quien cerró la jornada por Liberté agradeció a Vargas, al juez y a Márquez y explicó de dónde salen los enClaves. Liberté tiene diplomaturas, laboratorios y otras formaciones que se dan por Zoom, pero, contó, un día se preguntaron por qué las charlas se hacen en la Universidad de Mar del Plata o en el Colegio de Abogados, adonde ellos no pueden ir. De ahí el enClave: que la persona experta venga al salón. Depende de su voluntad, de su tiempo y de sus ganas.
«Nosotros hoy acá estamos viendo esta charla en forma presencial y no por Zoom. Ese es el objetivo del enClave.»
Vargas, entre risas, se ofreció a volver con litigación y juicio por jurados. Quedó grabado. 🙂
Quién dio la clase
Telma Verónica Vargas es abogada por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Penal y diplomada en Derecho Procesal Penal por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y docente integrante del Observatorio de Litigación Penal y Juicio por Jurados de la UNLP. Dijo que su trabajo de 2021 está publicado y que se lo dejaba a Diana Márquez para compartirlo.
Quiénes acompañaron
Desde Universidad Liberté: Diana Márquez, secretaria del Consejo de Administración de Cooperativa Liberté; el juez de ejecución Juan Galarreta; Analía Acevedo, coordinadora del Voluntariado para la Integración Social; y Ricardo Augman, tesorero de Cooperativa Liberté, por Zoom. El enClave quedó grabado: youtu.be/MnfuOlMymY0.